La división en el Supremo prolonga el debate sobre el impuesto de las hipotecas
El Tribunal Supremo aplazó este lunes a última hora de la tarde la decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. El pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo no logró cerrar un acuerdo tras ocho horas de debate. El presidente suspendió la sesión y se ha retomado este martes a las 10.00. La sesión del lunes, en la que participaron 28 de los 31 miembros del pleno, concluyó sin una decisión clara sobre si se debe mantener el criterio establecido el pasado 16 de octubre, que fijaba que es el banco el que debe abonar el tributo. Algunos magistrados que se mostraron partidarios de esta opción se pronunciaron a favor de que puedan reclamar quienes hayan pagado este impuesto en los últimos cuatro años, pero el pleno no abordó a fondo este debate.
Las diferencias de criterio entre los magistrados de lo Contencioso-administrativo del Supremo impidieron este lunes que el pleno de esta sala pusiera fin a las dudas sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Los magistrados estuvieron reunidos durante ocho horas, cinco en sesión de mañana y tres en sesión de tarde, pero no consiguieron alcanzar un acuerdo. La sesión concluyó sin una respuesta sobre si se debe mantener el criterio establecido el pasado 16 de octubre, que fijaba que es el banco el que debe abonar el tributo.

La sesión de la mañana del lunes se empleó casi íntegramente en decidir si los tres recursos que se iban a estudiar para fijar el criterio definitivo debían ser admitidos a trámite. Según fuentes consultadas, algunos magistrados sostenían que tenían que estimarse directamente sin debate porque el alto tribunal ya ha tomado recientemente una decisión al respecto: la adoptada el 16 de octubre en la sentencia que estableció que el impuesto debía pagarlo el banco. El presidente sometió a votación este asunto y la mayoría votó a favor de tramitar los recursos y debatirlos.
Las diferencias de criterio entre los magistrados de lo Contencioso-administrativo del Supremo impidieron este lunes que el pleno de esta sala pusiera fin a las dudas sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Los magistrados estuvieron reunidos durante ocho horas, cinco en sesión de mañana y tres en sesión de tarde, pero no consiguieron alcanzar un acuerdo. La sesión concluyó sin una respuesta sobre si se debe mantener el criterio establecido el pasado 16 de octubre, que fijaba que es el banco el que debe abonar el tributo.

La sesión de la mañana del lunes se empleó casi íntegramente en decidir si los tres recursos que se iban a estudiar para fijar el criterio definitivo debían ser admitidos a trámite. Según fuentes consultadas, algunos magistrados sostenían que tenían que estimarse directamente sin debate porque el alto tribunal ya ha tomado recientemente una decisión al respecto: la adoptada el 16 de octubre en la sentencia que estableció que el impuesto debía pagarlo el banco. El presidente sometió a votación este asunto y la mayoría votó a favor de tramitar los recursos y debatirlos.
ras un receso para comer, el pleno se centró por la tarde en debatir el fondo del asunto: quién es el sujeto pasivo —el que debe pagar— del impuesto de actos jurídicos documentados. Dio tiempo a que intervinieran nueve magistrados, pero, según las fuentes consultadas, no hubo un criterio unánime. Unos se mostraron a favor de conservar la anterior jurisprudencia, la que establecía que el impuesto debía abonarlo el cliente. Algún magistrado recordó que este criterio llevaba 38 años en vigor y estaba bendecido por el Tribunal Constitucional, además de por el Supremo. Otros, en cambio, apoyaron el cambio de doctrina adoptado recientemente por la sección segunda, la experta en tributos.
El debate, según señalaron algunos de los asistentes, fue de amplia “profundidad jurídica”, con intervenciones muy largas, de entre 25 y 30 minutos cada una. Algunos magistrados advirtieron de que lo importante era garantizar que se cumpla el “principio de seguridad jurídica”, que la decisión que se tome sea coherente con lo que dice la ley y tenga en cuenta si hay alguna circunstancia que justifique cambiar el criterio hasta ahora establecido.
Tras tres horas de debate, y dado que aún faltaban por intervenir casi dos tercios de los magistrados, el presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, decidió suspender la sesión. Los magistrados vuelven a reunirse este martes desde las 10.00.


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